¿Y de dónde vienen las leyes?
Desde la Revolución Francesa han imperado ciertos principios básicos, uno de ellos, es la separación de poderes, que como todos sabemos establece la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con el avance de las democracias occidentales, este principio se institucionalizó, y el poder legislativo quedó en manos de las cámaras, el ejecutivo pertenecería a los gobiernos, y el judicial, a jueces y a tribunales.
Sin embargo, el desarrollo de la Unión Europea está desvirtuando esta separación, otorgando competencias legislativas a órganos ejecutivos. Así, el Parlamento Europeo, la única institución supranacional elegida de forma directa por los ciudadanos, comparte sus competencias legislativas con el Consejo, representado por los gobiernos, y no por las cámaras nacionales. Además, el Parlamento no posee la iniciativa legislativa, ni tiene competencias en muchas materias, o no es vinculante. No tiene poder decisorio en dos de los pilares de la UE, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación policial y judicial en materia penal(CPJP), que son procesos más intergubernamentales.
Al igual, el Parlamento comparte su función presupuestaria con el Consejo, pero es la Comisión, en la que nuevamente están representados los gobiernos de no todos los países, la que elabora el presupuesto, dejando a las otras dos instituciones la posibilidad de enmendarlo, y siempre con restricciones impuestas, como el 40% del presupuesto que ha de dedicarse a la Política Agraria Común (PAC).
Simplificando, podría decir que las Estados Miembro de la UE, transfieren competencias legislativas a la Unión, pero estas competencias no pasan de forma directa a la cámara europea, sino que pasan por el Consejo y la Comisión, representados por los ejecutivos, de forma que los gobiernos nacionales son, en el seno de la Unión Europea, los que tienen la potestad legislativa, que antes pertenecían a los parlamentos.
En mi opinión, somos los ciudadanos los que perdemos, pues las decisiones vinculantes, que en nuestros sistemas nacionales venían de una cámara en la que están representados todos los ciudadanos, ahora vienen de un gobierno. Considero que mi miedo por el alejamiento de la clásica separación de poderes está justificado, pues aunque las competencias de la UE no son tan grandes como para alterar nuestros modos de vida, ésta tiene potestad en muchos ámbitos, y sus decisiones suelen ser de transposición obligatoria.
Ver también: Política exterior de la U.E.
Por: Paula Lax
Desde la Revolución Francesa han imperado ciertos principios básicos, uno de ellos, es la separación de poderes, que como todos sabemos establece la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con el avance de las democracias occidentales, este principio se institucionalizó, y el poder legislativo quedó en manos de las cámaras, el ejecutivo pertenecería a los gobiernos, y el judicial, a jueces y a tribunales.
Sin embargo, el desarrollo de la Unión Europea está desvirtuando esta separación, otorgando competencias legislativas a órganos ejecutivos. Así, el Parlamento Europeo, la única institución supranacional elegida de forma directa por los ciudadanos, comparte sus competencias legislativas con el Consejo, representado por los gobiernos, y no por las cámaras nacionales. Además, el Parlamento no posee la iniciativa legislativa, ni tiene competencias en muchas materias, o no es vinculante. No tiene poder decisorio en dos de los pilares de la UE, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación policial y judicial en materia penal(CPJP), que son procesos más intergubernamentales.
Al igual, el Parlamento comparte su función presupuestaria con el Consejo, pero es la Comisión, en la que nuevamente están representados los gobiernos de no todos los países, la que elabora el presupuesto, dejando a las otras dos instituciones la posibilidad de enmendarlo, y siempre con restricciones impuestas, como el 40% del presupuesto que ha de dedicarse a la Política Agraria Común (PAC).
Simplificando, podría decir que las Estados Miembro de la UE, transfieren competencias legislativas a la Unión, pero estas competencias no pasan de forma directa a la cámara europea, sino que pasan por el Consejo y la Comisión, representados por los ejecutivos, de forma que los gobiernos nacionales son, en el seno de la Unión Europea, los que tienen la potestad legislativa, que antes pertenecían a los parlamentos.
En mi opinión, somos los ciudadanos los que perdemos, pues las decisiones vinculantes, que en nuestros sistemas nacionales venían de una cámara en la que están representados todos los ciudadanos, ahora vienen de un gobierno. Considero que mi miedo por el alejamiento de la clásica separación de poderes está justificado, pues aunque las competencias de la UE no son tan grandes como para alterar nuestros modos de vida, ésta tiene potestad en muchos ámbitos, y sus decisiones suelen ser de transposición obligatoria.
Ver también: Política exterior de la U.E.
Por: Paula Lax
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